Evidencias de la kakistocracia en Yucatán
“Mas rápido cae un mentiroso que un cojo”
El 13 de febrero el Diario de Yucatán publica la nota que nos informa acerca de la denuncia que hacen los ciudadanos Luis Ávila Canul y Máximo Noh Euán (y otros compañeros) en contra de actos de la actual administración de la COUSEY. Se trata, por el contenido de lo denunciado, de un verdadero proceder con cinismo y desfachatez por parte de la COUSEY, actos seguramente avalados por el resto del gobierno kakistocrático de Yucatán, que encabeza la señora Ivonne Ortega Pacheco.
Megacinismo por parte del Gobierno kakistócrata que fingiendo síndrome de Alzheimer por el cual no recuerdan nada de nada (ni que una persona honesta, ex funcionario de la administración pasada fue cruel e injustamente privado de su libertad) tratan de estafar de forma vil a ejidatarios del Municipio de Caucel, macheteándoles sus tierras a un precio muy inferior al actual, considerando que se encuentran pegadas a Ciudad Caucel. Se trata de terrenos que ya cuentan con infraestructura urbana bien desarrollada.
Se trata, para ser precisos, de 614 hectáreas que la COUSEY pretende anexar al desarrollo ya existente y por el cual pretenden pagarles 16.00 pesos por metro cuadrado. Este fue, casualmente, el mismo precio al que se les pagó a los ejidatarios del ejido de Chablekal, con la enorme diferencia de que éstos últimos no contaban con desarrollo urbano y que aquella operación se efectuó hace ya más de 3 años.
Si tomamos en cuenta el hecho de que los terrenos de Ciudad Caucel ya cuentan con infraestructura urbana, por lo menos deben valer entre 80.00 y 100.00 pesos por metro cuadrado. Pero si tenemos la “astucia” amañada (como la tuvo el gobierno kakistocrático) de contratar a un valuador tramposo y sin escrúpulos, podrían llegar a tener un precio “referenciado” de quizás 1000 pesos por metro o más, o quizás de 5 pesos o menos: el precio, en fin, puede ser cualquiera, el que más convenga en el momento a los fines de los kakistócratas.
Ya el gobierno kakistócrata cometió el delito de pactar el precio en asambleas que no cumplen los requisitos de ley e inclusive la COUSEY ya efectuó un pago adelantado de 64,000 pesos a cada ejidatario. Es de comprenderse que éstos no pudieran resistir la tentación: las carencias económicas en que se encuentran explicarían la debilidad.
Quizás la que debería empezar a preocuparse es la directora de la COUSEY, Angélica Araujo, que podría mas adelante ser víctima de las mismas personas sin escrúpulos que arraigaron y privaron de su libertad al Sr. José Carlos Guzmán. O, ¿será que Angélica Araujo pueda estar totalmente tranquila, dado que arraigarla a ella sólo sería un golpe mediático contra los kakistócratas?
Luis Jorge Montalvo Duarte.
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