Partidos políticos: ¿necesarios?

El sistema político Mexicano está conformado por partidos desde hace 90 años. Comienza esta era de partidos al terminar el Porfiriato, con la formación, en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles. Este partido, posteriormente (1938), se convertiría en el Partido de la Revolución Mexicana para que finalmente en 1948 tome el nombre actual: Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Partido Acción Nacional (PAN) se formó en 1939, momento a partir del cual se consolida el inicio efectivo del sistema de partidos en México.

A lo largo de la historia de México han existido no menos de 40 partidos político reconocidos. Entre ellos encontramos partidos nacionales y partidos estatales. La gran mayoría se forma y luego desaparece al perder el registro legal por no obtener en las elecciones el mínimo de votos requeridos para conservarlo. Algunos desaparecen porque se fusionan con otros, dando origen a nuevos partidos o simplemente desapareciendo.

Hoy vivimos un desencanto hacia los partidos políticos por parte de los ciudadanos. Esto ha sido ocasionado por el alto nivel de corrupción que imperó durante los más de 70 años de hegemonía del PRI, en combinación con las luchas intestinas que se dan entre los diferentes grupos dentro de los partidos, tal y como lo estamos viendo hoy dentro del PRD.

Nos parece que el éxito o fracaso del sistema de partidos depende tanto de la moderación (en algunos casos), como de la polarización, (en otros casos).

En nuestra opinión, la mejor forma para que la sociedad participe en política es a través de asociaciones de grupos de personas que por su afinidad y coincidencia en alguna doctrina o ideología, comparten los mismos valores y se unen formando un proyecto común que resulta en un partido político.

En Latinoamérica se le está dando importancia a la relación entre el sistema de partidos y el sistema político en el contexto para mejorar la gobernabilidad y consolidar la democracia. En esto México ya avanzó, pasando de un sistema de partido hegemónico hasta antes de los años 90, a un sistema de pluralismo moderado.

Pero en el contexto en que los partidos tratan de avanzar y posicionarse, y ante una lucha externa entre ellos por gobernar (además de sus luchas internas, en unos encarnizadas y en otros moderadas), surge un nuevo escenario: el de las candidaturas ciudadanas o independientes.

El día 6 de marzo pasado , en el Senado de la República, en comisiones unidas de puntos constitucionales y de estudios legislativos, se deroga la última parte del inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de México, con el afán de conseguir la equidad entre todos los actores en las elecciones y exaltando el derecho político de los ciudadanos. El inciso derogado le daba la exclusividad a los partidos políticos de registrar candidaturas.

Con esa modificación constitucional, se abre paso a las candidaturas ciudadanas en las entidades federativas y dado que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán (desde la reforma publicada el 21 de enero de 2007) permite las candidaturas ciudadanas, nos hemos ganado el glorioso primer lugar a nivel nacional en avance democrático. ¡Yucatán está a la vanguardia! De hecho contamos con el primer municipio a nivel nacional que es gobernado por una persona que fue candidato ciudadano en las pasadas elecciones de 2007: Yobaín.

En este nuevo contexto electoral, con candidaturas ciudadanas o independientes, surgen dos interrogantes: 1) ¿avanzamos en democracia? y 2) ¿tendremos mejores gobernantes? En opinión de este servidor, ninguna de las 2 interrogantes tiene una respuesta afirmativa.

Notemos que hay riesgos, y muchos, en las candidaturas ciudadanas. Nuestra baja escolaridad como país, golpeado además por la pobreza y los contrastes sociales tremendos, son factores que producen ansiedad en la sociedad, además de profundos sentimientos de desencanto o de frustración ciudadana. Estas circunstancias nos pueden llevar a colocar en el poder a un populista mesiánico, como está sucediendo en varios países de Latinoamérica.

Es posible vislumbrar dos potenciales escenarios: 1) grupos delictivos organizados, como el narcotráfico, que podrían infiltrarse con su poder económico financiando campañas políticas y 2) grupos de poder en los poblados (los llamados "tatiches") sobre todo en municipios pequeños, que podrían, como negocio, financiar a sus propios candidatos independientes, persiguiendo el cobro de utilidades cuando el candidato patrocinado llegue al poder.

Hoy, la crítica profunda a los partidos políticos, fenómeno influenciado por los medios de comunicación y que impide la mayor institucionalización del sistema de partidos, puede motivar su destrucción, como en el caso de Venezuela. Allí los medios de comunicación golpearon y desacreditaron tanto a los partidos políticos, que facilitaron el arribo al poder de uno de esos populistas mesiánicos, el independiente Hugo Chávez, con las consecuencias que los mismos medios de comunicación están pagando.

Definitivamente el reto es grande. Esperemos que el razonamiento puntual del tema se traduzca en el bien de nuestro estado y de nuestro país.

Luis Jorge Montalvo Duarte

En este vídeo podemos apreciar con toda claridad el ejemplo de Hugo Chávez y las candidaturas independientes:

Debate libre y sin miedo

Son 3 las condiciones básicas que se necesitan para tener un Gobierno democrático, de un nivel de primer mundo: primero, tener elecciones transparentes, en las que la mayoría de los ciudadanos emita su voto en forma libre; segundo, que haya transparencia en la rendición de cuentas públicas; y, tercero, pero no menos importante que las dos anteriores, contar con debates públicos en los que participe el mayor número de ciudadanos sin “cortapisas”.

El derecho que nos reconce la Constitución Mexicana en el Artículo 6, nos permite expresarnos libremente y sin ser objeto de inquisición judicial o administrativa alguna. Este derecho, además, nos da la obligación, como ciudadanos, de contribuir con la formación de un Gobierno democrático.

Nadie, en ningún nivel de Gobierno, ningún partido político o entidad ciudadana alguna tiene permiso de tan siquiera intentar coartar ese derecho. Nuestro crecimiento como pueblo libre y democrático depende de ese derecho, fracción crucial entre los valores fundamentales para un buen desarrollo humano.

No se le puede tener miedo a la confrontación de ideas. Ningún ciudadano debe temer alzar la voz cuando se tenga la certeza de que las actuaciones de un Gobierno no son las adecuadas. Y esto es aún más obvio cuando ese gobierno está formado por funcionarios que incurren en irregularidades o ilegalidades.

Abundan los discursos en las campañas políticas, llenos de ofrecimientos y promesas de escuchar las demandas de los ciudadanos. Se les invita, además, al debate público constante. En esto Ivonne Ortega no fue ninguna excepción. Sus promesas y oferta de apertura, por lo tanto, no concuerdan con la actuación que tuvo durante la reunión con los legisladores federales del PAN, en el Palacio de Gobierno. Allí, a nombre de sus representados, los legisladores solicitaron información sobre los asuntos recientes relacionados con seguridad pública. Con o sin promesa de campaña, la gobernadora está obligada a cumplir con los mandatos de la Constitución Política de México. Ésta la obliga (artículo 6) a informar sobre los asuntos relevantes en el ejercicio de su gobierno. Si en forma políticamente reprobable y grosera trató a los legisladores, ¿podemos imaginarnos cómo trataría a los ciudadanos sin investidura de representación?

Recordemos que el 1º de Agosto del año pasado cuando la señora Ivonne Ortega, ante un Congreso del Estado y cientos de invitados como testigos de ese primer acto de gobierno, se le escuchó decir el juramento donde se compromete ante el pueblo a ¬RESPETAR Y HACER RESPETAR LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN Y QUE SI NO LO HICIERE ASÍ, QUE LA SOCIEDAD SE LO DEMANDE.¬

No, conciudadanos, no nos confundamos con las voces que alegan que el debate y la confrontación de ideas puede llevarnos a una crisis política, y que dicha crisis desembocará en una situación perjudicial para nuestro Estado. Al contrario, se necesita de esa diversidad de ideas con pluralidad política. Son factores fundamentales para un gobierno maduro. Sin consensos con las diversas fuerzas políticas, el Gobierno no puede ser sólido, y, por lo tanto, le será más difícil contribuir al desarrollo de nuestro Estado. Hoy lo vemos en muchos países de Europa. Para formar un gobierno no solo se necesita ganar con el mayor número de votos ciudadanos, sino que también se habrán de crear consensos con el mayor número de partidos no ganadores. Sin dichos consensos no se puede gobernar.

Definitivamente hay crisis de liderazgos no solo en el PAN, sino en todos los partidos políticos y agrupaciones de los diferentes sectores de la sociedad. Ojalá que, como la Senadora Beatriz Zavala, surjan más líderes dispuestos a debatir sin miedo. Ellos son los que contribuirán con su voz y su trabajo, a lograr consensos para un mejor desarrollo del Estado. El debate político no se debe de confundir con ese revanchismo primitivo que se da con piedras y palos.

Es conveniente que muchos políticos, con las aspiraciones de la Senadora Beatriz Zavala, den la cara dispuestos a ejercer sus deberes públicos (como el de fiscalizar y supervisar al Gobierno de Yucatán) ya que es la única vía para el desarrollo sano de nuestro querido Yucatán.

Mérida, Yucatán.

Luis Jorge Montalvo Duarte.

LA COUSEY SE ENREDA

Por LUIS JORGE MONTALVO DUARTE

Para entenderlos, hay que precisar los hechos para que podamos contar con los elementos para formarse una opinión sobre el polémico proceso de adquisición de tierras en el ejido de Ucú, que si bien es para un “fin social” -aumentar las reservas territoriales y así atenuar el problema de demanda creciente de vivienda- no se puede brincar o ignorar leyes diseñadas para proteger a ambas partes en un proceso que involucra tierras ejidales. Nunca el fin justifica los medios, y menos cuando se trata de una autoridad obligada a apegarse al marco legal.

Existen 2 vías para que el Gobierno del Estado a través de la COUSEY aumente sus reservas territoriales; 1) la vía de la “expropiación” o bien 2) mediante la compra-venta entre el Gobierno del Estado y ejidatarios que ya cuenten con el “dominio pleno”.

En el tema de las 3000 hectáreas de Ucú, sorprende el hecho misterioso de que el Gobierno del Estado no utilizó la vía de la expropiación, como sí se hizo en el caso de Caucel, sino que se fue por la vía de la compra-venta.

El problema no es en sí la vía elegida, sino la serie de irregularidades e ilegalidades que se han cometido, atentando contra la Ley Agraria y la Ley de Asentamientos humanos en detrimento de 306 miembros del ejido de Ucú entre ejidatarios y posesionaros.

Para que entendamos el atropello jurídico, empecemos por analizar las leyes no observadas en este caso. La Ley Agraria es la reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, que como recordaremos fue reformado en l992 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, mediante el cual la nación puede transmitir el dominio de las tierras ejidales a los particulares constituyendo la propiedad privada. El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere la Ley Agraria en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Así, vemos que hay 3 instancias reglamentarias a las cuales hay que dar fiel cumplimiento para no caer en los incumplimientos legales cometidos por el Gobierno del Estado y que al menos en dos de ellas ya incurrió.

Comencemos con las violaciones a la Ley Agraria. Antes que nada el ejido como tal no puede vender o enajenar las tierras ejidales a alguien no ejidatario, a menos que se le otorgue el dominio pleno (Art. 81) a algunos miembros para que éstos puedan vender, no sin antes parcelar la tierra (Art. 56). Nada de esto ha ocurrido y ya se hicieron pagos con recursos públicos.

El Artículo 23 de la ley agraria que se refiere a los asuntos tratados en la asamblea ejidal establece que para el inciso VII (señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamientos humanos así como la localización de áreas de urbanización) e inciso IX (autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas) así como otros incisos que no nos competen en esta ocasión, se requiere de una Asamblea de Formalidades Especiales que requiere de:

1. Convocatoria con 30 días de anticipación (Art. 25)
2. Asistencia de las ¾ partes de los ejidatarios (Art. 26)
3. Presencia de la Procuraduría Agraria (Art. 28). Quién expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría Agraria y la presencia de un Fedatario Público.

Esto tampoco ha ocurrido y ya se hicieron pagos con dinero estatal, de no deben y no pueden ser sometidos a los riesgos a los que se aventuran los especuladores particulares.

Una vez que los ejidatarios obtienen el dominio pleno de las parcelas, tendrán que solicitar ante el Registro Agrario Nacional (RAN) que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro, el cual expedirá el título de propiedad respectivo, que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente de la localidad. Esto tampoco ha ocurrido y la COUSEY ya comprometió recursos ¿de origen federal, estatal, de que fondos?

Es hasta entonces que el ejido, a través de los miembros con el dominio pleno podrán vender a quien quieran.

La asamblea de formalidades especiales no se efectuó ya que no contó con la presencia del Procurador Agrario, ni de un Fedatario Público, ni hubo una convocatoria con 30 días de anticipación. Fue por tanto otro tipo de asamblea.

Otra ley violada es la ley de asentamientos humanos que en sus artículos 40 a 43 obliga a coordinar esfuerzos entre los 3 niveles de Gobierno para incorporar tierras ejidales al desarrollo urbano y de vivienda. Cosa que tampoco se ha realizado a menos que la COUSEY nos tapara la boca exhibiendo convenios con el municipio de Ucú y con la Secretarías Federales correspondientes. Pero parece que esto, para el infortunio de un gobierno que presumiese cumplir la ley, tampoco ha ocurrido.

Ya con los elementos antes mencionados, podemos asumir que la megacompra de tierras ejidales en Ucú es una operación incierta y jurídicamente irregular en la cual el Gobierno de Ivonne Ortega utiliza dinero del erario público como capital de riesgo y de forma especulativa. Si el ejido se arrepiente, y se echan para atrás algunos miembros e impugnan las irregularidades mencionadas (o incluso la asamblea aun por realizarse), ¿quién le va a devolver el dinero? Es evidente que en este caso el gobierno utilizó dinero público como si fuera dinero de un especulador particular que sí puede arriesgar su patrimonio. Pero no es el caso de una autoridad estatal, que sólo puede hacer lo que la ley le permite. No estaría de mas la opinión del Colegio de Abogados en relación a lo aquí expuesto.

El mismo Gobierno del Estado, que a juicio de los jueces federales encarceló injustamente a José Carlos Guzmán Alcocer, muestra ahora nuevamente su desprecio por la ley -que le llevó a fabricar un fantasioso expediente basado en un “avalúo referenciado” contra el titular de la COUSEY de la administración anterior- solo con el fin propagandístico de manchar a la administración que le precedió.

Para finalizar solo me quedan tres preguntas para la Sra. Angélica Araujo: ¿en que fecha el Consejo de Administración de la COUSEY acordó la compra de tierras en Ucú y bajo que términos definió liberar recursos públicos?¸ ¿podrán los ciudadanos yucatecos conocer el contenido del acta? y por último: ¿está tranquila con su actuación?

Mérida, Yucatán a 4 de marzo de 2008.

Luis Jorge Montalvo Duarte

El gobierno yucateco del anticambio 2007-2012

Preguntas que se hacen los Yucatecos

YUCATAN NECESITA SABER

Por Hugo A Laviada Molina

(Reproducido de “Diario de Yucatán”, miércoles 5 de marzo de 2008.)


No se trata de un pleito personal. La reunión que sobre seguridad pública solicitaron los legisladores del PAN a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco tenía como objeto conocer de propia voz la problemática y las condiciones con que se afronta el creciente problema de la violencia y la delincuencia en Yucatán. Mas allá de la anécdota y de la fotografía en donde la gobernadora se burla con sorna de las preguntas de la senadora Beatriz Zavala, los ciudadanos y no solo los partidos demandan que se les hable con la verdad.

Desafortunadamente el Gobierno del Estado montó un esquema de reunión en donde el tiempo lo acapararon los funcionarios del gabinete de seguridad, coordinados por el Subsecretario de Gobierno y cuñado de la gobernadora -el licenciado Cabrera,- y en la que en lugar de hacer un análisis de la delicada situación actual, se armó un formato para hacer parecer que todo tiene que ver con rezagos heredados del la administración pasada. Facilísima transferencia de responsabilidades. Toda vez que los cuestionamientos de los legisladores federales fueron ignorados por la titular del ejecutivo y sus colaboradores, es importante subrayar algunas de estas preguntas y otras más, con la razonable exigencia de que sean contestadas por el Gobierno del Estado, no en función de que las hacen diputados y senadores con representatividad popular, sino en virtud de que inquietan a los ciudadanos de Yucatán y ellos merecen respuestas e información veraz, concreta y respetuosa de su inteligencia.

1. La señora Ivonne Ortega Pacheco ha declarado que la ola criminal que ha escalado en los últimos meses es una respuesta del crimen organizado a los “exitosos” operativos de su policía estatal y dijo que “estamos pisando callos” a la delincuencia. ¿ nos podría decir qué callos tan prominentes se han pisado? ¿Qué peces tan gordos o largos son los que han caído en operativos de la policía estatal? ¿Qué éxitos tan rotundos se ha apuntado la policía en estos meses que ameriten una respuesta tan brutal de los capos? Si es que ha tenido muchos triunfos, lo mínimo que esperaríamos los yucatecos es conocerlos, para bajarle el sombrero a los funcionarios estatales. Necesitamos saber –si existen- el tamaño y el tipo de callos que se han pisado. Estamos seguros que los ciudadanos y el Dr. Scholls agradecerán esa información aún no hecha pública, quizá por motivos estratégicos de “inteligencia policiaca”.

2. Durante su campaña la entonces candidata Ortega Pacheco habló de unificar los esfuerzos de las policías de Quintana Roo y Campeche con la de Yucatán. Muchos nos preguntamos si no terminaríamos atrayendo los problemas de esos estados a Yucatán, particularmente los de la entidad caribeña, que desde hace tiempo fue invadido por la delincuencia organizada y en donde hace años se saben de decapitaciones y ejecuciones similares a las que por primera vez estamos viendo ahora nosotros. ¿Se cumplió el pronóstico? ¿Fue acertado nombrar como jefe policiaco al comandante Saidén Ojeda que había sido cuestionado por actividades ligadas al crimen organizado cuando fungió responsable de la policía de Cancún? Los mensajes de los criminales -¿dirigidos al propio Saidén?- que acompañaron a los cadáveres de los ejecutados y en los que se leían las frases “los compromisos se cumplen” y “las deudas se pagan” ¿habla de que se construyeron pactos no cumplidos con la delincuencia organizada durante la campaña política o antes?

3. Desde que inició el gobierno de doña Ivonne es un secreto a voces la existencia de una guerra intestina y soterrada entre el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda y su segundo de a bordo, el subsecretario Ariel Farjat de quien se dice le fue impuesto a Saidén y que además tenía aspiraciones a la titularidad de SSP. Durante diciembre y enero se dieron una serie de sucesos que sacudieron a la opinión pública culminando en el atentado de la Gran Plaza y los hechos de Montebello en el que un ciudadano -sea inocente o no el señor Wafé Kuri- acusó e identificó a un policía como el autor del crimen contra su esposa. Inmediatamente el subsecretario Farjat, (un ex policía de caminos con experiencia) fue removido de la dependencia y nombrado funcionario -¿de Agricultura?- sin mayores explicaciones y sin algún cuestionamiento de la mayoría de los medios. La ciudadanía estará interesada en saber si un conflicto derivado de los nombramientos gubernamentales en el gabinete de seguridad ha tenido repercusiones en la estabilidad del estado.

4. A ello habrá que sumar la errática labor de una Procuraduría que ha derivado ya en la renuncia de un procurador y ahora especulaciones sobre la situación del segundo.

La pregunta que se hacen los yucatecos es ¿por que se mantiene en el cargo de subprocurador a Rafael Acosta Solís quien no ha dejado de meter en líos judiciales a los dos procuradores de la actual administración y a la propia gobernadora?

¿Se esperará a que se genere un mayor clima de inseguridad jurídica desde la Procuraduría de Justicia del Estado? ¿Por qué se ha jugado con un asunto tan serio que puede estallarle en las manos al propio procurador y a la gobernadora?

Dr. Hugo A. Laviada Molina

27 de Febrero de 2008, México DF.