EL TUNEL DEL TIEMPO Y LA COUSEY

Del cerverismo al neocerverismo con breve paréntesis de 6 años. Así se percibe las practicas “judiciales” de la cambiante acusación contra el exdirector de la COUSEY, el CP José Carlos Guzmán Alcocer. Y las que puedan venir después contra otros quienes tuvieron la osadía de integrar el primer gobierno no priísta de la historia de la península de Yucatán. La vendetta tiene doble propósito: amedrentar a los que se atrevieron a oponerse al PRI en tierras cerveristas, e inhibir a quien se le pudiese ocurrir disentir en el futuro. El también exdelegado del INFONAVIT es acusado por haber cumplido con la obligación de dar seguridad en la tenencia de la tierra a un grupo de inversionistas que así se lo solicitó al gobierno recién concluido. No querían esos empresarios yucatecos, mexicanos y extranjeros, promotores de un proyecto turístico-inmobiliario en el que se han invertido ya 40 millones de dólares, comprarle directamente al ejido de Chablekal, para asegurar la seguridad jurídica de los terrenos a adquirirse para el desarrollo que incluye un campo de golf de nivel mundial y un centro de convenciones.

Le solicitaron al Gobierno del Estado adquirir las tierras al ejido para una vez regularizadas, fueran vendidas al grupo empresarial e iniciar de inmediato un proyecto cuya derrama económica beneficiaría a Yucatán y a Mérida como capital de servicios del Sureste. Así se hizo. Como el objeto de la operación era el que arriba se describió, no se persiguió el lucro gubernamental; la ganancia obtenida por metro cuadrado fue de un peso aproximadamente, pero tampoco hubo pérdidas para el gobierno. En otras partes del país con tal de atraer ese tipo de inversiones los gobiernos de los estados donan los terrenos o hasta participan con inversiones de los proyectos. Incluso en el pasado, en Yucatán se hizo de esta manera para promover parques industriales, fraccionamientos como el Francisco de Montejo y otros proyectos, algunos exitosos y otros no. En Champotón, el gobierno del Estado de Campeche acaba de donar –no vender, sino donar, regalar- a un grupo empresarial extranjero amplios terrenos para la construcción de un campo de golf y un desarrollo inmobiliario similar al del Country de Chablekal, ¿En dónde está pues el problema? El problema es que, con tal de desprestigiar al Gobierno de Patricio Patrón, la Procuraduría del Estado inventa un “avalúo referenciado” encargado sobre pedido a un banco para “calcular” en el 2007 el precio comercial al que se “debieron” haber vendido dichas tierras varios años antes. Como si esas tierras las hubiese estado vendiendo ya legalizadas un particular, y como si las tierras se hubieran vendido de particular a particular y no para un proyecto de desarrollo, que la propia gobernadora ha calificado como “vital para el Estado”. Como quien dice, la Procuraduría le pide a la institución bancaria que para hacer el avalúo, que se meta no sólo en el “túnel del tiempo” sino también en el túnel de las suposiciones fabricadas. Se trata de eso: de un expediente fabricado, forzado, para así con calzador, tener “pruebas” que incriminen a los funcionarios del Gobierno anterior. Los 500 millones del supuesto daño patrimonial están en el “túnel” que separa los 16 o 17 pesos en que se compró al ejido y se vendió a los desarrolladores inmobiliarios y el “avalúo referenciado” solicitado a la medida por el nuevo gobierno. Se quiere presentar como “robo” una diferencia de precios entre la realidad histórica y la fantasía fabricada sobre pedido. Como la fantasía del guionista del túnel del tiempo, el expediente contra la COUSEY de Guzmán Alcocer es una fabricación judicial. ¿Quién o quienes de los colaboradores de la gobernadora la ha metido en este lío mayúsculo de inconsistencias disparatadas?

En la Procuraduría de Justicia de Víctor Cervera Pacheco se fabricaron expedientes tan ominosos como el que mantuvo injustamente en la cárcel por años a Armando Medina Millet. En la Procuraduría de su sobrina Ivonne Ortega Pacheco parece estarse cocinando de la misma manera, con los mismos ingredientes, con las mismas recetas. El daño social que éstas prácticas conllevan están a la vista, dolorosamente frescas. Ojalá estemos equivocados, pero esto es lo que parece evidente a la opinión pública.

Mérida, Yucatán. Luis Jorge Montalvo Duarte.

Patricio Patrón Laviada explica los detalles del caso:



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